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Vista de la actual depuradora de Vuelta Ostrera, situada en uno de los márgenes de la Ría de San Martín, en Suances.
El Supremo cerrará Vuelta Ostrera en marzo si el Ministerio vuelve a retrasar el plan ambiental

El Supremo cerrará Vuelta Ostrera en marzo si el Ministerio vuelve a retrasar el plan ambiental

La Sala reprende a Medio Ambiente por "innumerables incidencias" y rechaza su solicitud de prorrogar el calendario para cumplir la sentencia

Gonzalo Sellers

Viernes, 27 de enero 2017, 12:53

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El Tribunal Supremo se ha plantado y no aceptará más retrasos en la sentencia de demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera. En un auto al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la Sala reprende al Ministerio de Medio Ambiente por "no respetar" el calendario establecido y por "innumerables incidencias" durante la última década. El Estado lleva doce años aplazando la demolición de la depuradora mientras trabaja en el proyecto y construcción de otra estación alternativa. El problema es que no sólo ha incumplido continuamente los plazos acordados con ARCA el demandante y con el Supremo, sino que el mes pasado volvió a solicitar otra prórroga, como ya adelantó este periódico.

Los ocho magistrados que firman el auto han decidido poner punto final a estos atrasos y lanzan un órdago al Ministerio: si en marzo no presenta el plan ambiental de la nueva depuradora, ordenará el cierre de la instalación y su inmediata demolición. No se trata de un ultimátum estéril. El propio Ministerio reconoce la imposibilidad de cumplir con ese plazo de entrega al solicitar el aplazamiento que le ha sido denegado.

La depuradora de Vuelta Ostrera ha escrito una de las páginas más oscuras de la crónica ambiental de Cantabria. Su construcción hace doce años con un coste de 24 millones de euros, la paralización por la denuncia de los ecologistas y la posterior orden judicial de derribo por levantarse en terrenos de dominio público marítimo-terrestre supusieron un shock social para la comarca Saja-Besaya, que llevaba décadas demandando el saneamiento de la ría de San Martín, y una convulsión política que llegó hasta el Parlamento. Dos prórrogas sucesivas del Supremo, en 2006 y 2013, le han permitido limpiar las aguas de Torrelavega y los municipios de su entorno. Hasta ahora.

En marzo del año pasado se produjo un punto de inflexión en el proceso que ha desembocado, ahora, en el auto que no admite recurso. El Estado debía de haber presentado entonces los planes ambientales de las seis ubicaciones marcadas en un estudio técnico como las mejores opciones para construir la sustituta de Vuelta Ostrera. Pero no lo hizo. Ocho meses después, ante la ausencia de noticias, ARCA presentó una reclamación al Tribunal Supremo.

"Falta de diligencia"

La Sala dictó una providencia que se puede resumir en dos puntos. El primero, exige a Medio Ambiente que tramite "sin dilaciones indebidas" los seis planes ambientales en marzo de 2017, es decir, con un año de retraso sobre el calendario marcado. Y segundo, le advierte de que si no lo hace "clausurará la actividad de la depuradora hasta su completa demolición".

Ante la amenaza de cierre y la posibilidad de un derribo inminente, el abogado del Estado presentó un recurso en el que reconoce los retrasos en el cumplimiento de la sentencia, pero exculpó al Ministerio de ellos: "No obedece a incuria ni a falta de diligencia, sino a las exigencias impuestas para sustituir la instalación existente por otra". Además, el jurista solicitó una nueva prórroga para presentar los planes ambientales y pidió al Supremo que no cerrase la estación.

Pero los magistrados han desestimado el recurso del Ministerio y "confirmado en su integridad" la Providencia dictada por la Sala. Esta decisión pone contra las cuerdas a Medio Ambiente, que no ha hecho ninguno de esos estudios y los trámites para elaborarlos superan en mucho a los dos meses que tiene para presentarlos.

De todas las alternativas que aparecen en el informe de posibles ubicaciones en Suances, Barreda, Miengo y Requejada, el Ministerio se decantó directamente por la que recibe más puntuación de los técnicos: una ladera situada a solo 300 metros de la actual central. Es decir, su intención es demoler una depuradora que costó 24 millones de euros financiados en un 85% por el Estado y en un 15% por el Ejecutivo regional para volver a construir otra prácticamente al lado por 87 millones, según los cálculos de precios del informe.

Ni uno ni cinco

"Parece poca distancia, pero es lo suficiente para cumplir la ley: sales del dominio público marítimo-terrestre y no estás en zona de especial protección. Nosotros hicimos lo posible por salvar la instalación actual, pero tenemos que cumplir la sentencia del Supremo", señaló el año pasado la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

De hecho, el Gobierno central publicó el pasado octubre el concurso para redactar el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de ese espacio. Un informe cuyo precio de licitación asciende a 687.940 euros y cuya adjudicación está prevista para el mes que viene. Es decir, no sólo le falta tiempo para el plan ambiental de las otras cinco ubicaciones, es que ni siquiera podría tener para marzo el documento de la ubicación elegida para construir la nueva estación.

Para empeorar la situación, el Ministerio se ha encontrado con el rechazo del Gobierno cántabro y de ARCA a la zona escogida para levantar la nueva estación. Un informe de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional, remitido el pasado verano a Madrid, desaprueba la alternativa preferida por el Estado porque existen "hechos objetivos desfavorables y un gran impacto visual y paisajístico", además de otras afecciones medioambientales y territoriales. Por eso, aconsejan que la nueva estación se ubique en Barreda o Requejada. Los ecologistas también creen que en Polanco se encuentra la mejor parcela posible para construir la depuradora que, más de una década después, sustituya a la polémica Vuelta Ostrera.

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