Las reforma del Castillo-Faro comenzó en 2001, se paralizó en 2004 y se retomó en 2008. :: a. verano

Castro debe pagar 700.000 euros a Cenavi por la reforma del Castillo-Faro

CASTRO URDIALES 16/02/2017 15:45 |0

El Juzgado de lo Contencioso Número 2 emite un auto en el que requiere al Ayuntamiento que cumpla la sentencia de diciembre de 2015 en la que se le condenó

El Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander ha emitido un auto en el que requiere al Ayuntamiento de Castro Urdiales que proceda al pago de 701.123 euros a la empresa Cenavi en concepto de liquidación por las obras de rehabilitación que la constructora llevó a cabo en el Castillo-Faro, que fueron adjudicadas en 2001 y, sin embargo, estuvieron paralizadas entre 2004 y 2008 a consecuencia de los desacuerdos políticos del Pleno castreño.

Este pleito, por que se le condenó al Ayuntamiento castreño en diciembre de 2015, se remonta al año 2012, cuando Cenavi -que entró en fase de liquidación en 2013- presentó una demanda de recurso contencioso administrativo contra la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación ante el Ayuntamiento de Castro por importe de 844.521 euros. La empresa manifestó en su demanda que, tras la adjudicación de las obras de rehabilitación del Castillo-Faro de Santa Ana, en noviembre de 2001, los trabajos estuvieron paralizados desde 2004, como consecuencia de desacuerdos políticos del Pleno del Ayuntamiento demandado. La constructora retomó las obras de rehabilitación en febrero de 2008, para el acondicionamiento y puesta en marcha del edificio, así como para llevar a cabo las reparaciones necesarias y sufragar así los daños que se produjeron como consecuencia del tiempo transcurrido, y presentó la rehabilitación en abril de ese año.

"El Ayuntamiento dispone de dos meses para proceder al pago de la indemnización"

En septiembre del año 2009, tras subsanar distintos problemas y acometidas algunas obras de reparación necesarias, la empresa presentó ante el Ayuntamiento de Castro la certificación número 17, final y liquidatoria, por un importe de 844.521 euros, cantidad que reclamó en el pleito.

Frente a dicha pretensión, el Ayuntamiento demandado alegó en su defensa que, tras la finalización de los trabajos por parte de Cenavi en julio de 2008, el arquitecto municipal realizó un informe en el que se recogieron una serie de consideraciones respecto a las obras de rehabilitación llevadas a cabo, como que existían 49.072 euros sin justificar, así como partidas presupuestarias indebidamente desglosadas y explicadas, y que por ello no se pudo comprobar la adecuación de las mismas a los precios de mercado. Asimismo, la demandada reseñó que existían partidas con sobrecoste, como la relativa al ascensor y la adaptación de la estructura proyectada del ascensor a los muros reales de la fachada. Así las cosas, el Consistorio consideraba que la cantidad a pagar debía ser de 68.974 euros.

Finalmente, la jueza Ana Gómez González condenó al Ayuntamiento al pago de 399.436 euros, basándose en un informe pericial que indicó que las obras se habían realizado tal y como manifestaba la empresa. Asimismo, la jueza señaló que, acreditados los trabajos, se constató el «enriquecimiento sin causa» de la Administración demandada. «Al no existir contrato alguno, no hay prueba de acuerdo sobre el precio de los trabajos». Fue entonces cuando el perito judicial fijó la suma total del coste de las obras.

Tras este fallo, Cenavi solicitó al Juzgado de lo Contencioso un «complemento» de la sentencia. Es decir, que se añadirían a los 399.436 euros, tanto el IVA (16%), como el beneficio industrial (6%) y los gastos generales (inicialmente se reclamó un 16% y, tras un recurso, el TSJC redujo este porcentaje a un 13%).

Modificación presupuestaria

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Número 2 recuerda que el Ayuntamiento de Castro había previsto incluir la indemnización en el presupuesto de 2016 -que no se aprobó- y que la fecha estimada del pago era el 30 diciembre de 2016, «sin que a fecha de hoy se haya comunicado nada al respecto». Asimismo concede dos meses para que proceda al pago, que tendrá que realizarlo mediante una modificación presupuestaria.

El alcalde de Castro, Ángel Díaz Munío (CastroVerde), señaló ayer que si no se ha pagado hasta ahora esa indemnización es «porque no tenemos dinero».

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