El Tribunal de Cuentas recomienda a la Universidad de Cantabria mejorar la regulación y planificación de la investigación.

El Tribunal de Cuentas pide a la UC dar una regulación "coherente" a la investigación

Cantabria 10/02/2017 09:33 |0

El Informe de Fiscalización de los años 2013 y 2014 advierte también a la Universidad de que "no cumple" la paridad exigida en los órganos de representación

El Tribunal de Cuentas, órgano supremo de fiscalización de la gestión económica del sector público, recomienda a la Universidad de Cantabria dotar de una regulación "actual, coherente y homogénea" a la investigación, que propicie "las importantes repercusiones" que esta actividad tiene para el sistema universitario, que incorpore "incentivos claros" que motiven al personal docente e investigador a su desempeño, y que, además, facilite la labor de las distintas agencias de evaluación, estatal y autonómicas. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el Informe de Fiscalización de la UC de los ejercicios 2013 y 2014, aprobado hace apenas unos días, en el que el Tribunal de Cuentas hace, a través de casi 200 páginas, un detallado análisis de las cuentas, gestión, cumplimientos, debilidades y eficiencia de la institución académica, además de realizar una docena de recomendaciones "a fin de contribuir a la mejora de su actividad".

"Nunca tuvimos un informe tan bueno como este", destaca Enrique Alonso, gerente de la UC, que defiende que esta regulación "actual y coherente" de la investigación que pide el Tribunal es "una recomendación genérica que realiza a todas las universidades públicas, no sólo a nosotros", tarea que la Agencia Estatal de Investigación, creada en noviembre de 2015, "está ayudando a homegeneizar".

En el mismo ámbito, el estudio revela que en la UC "no existe una planificación expresa" de la investigación, sino que los distintos grupos existentes concurren a las convocatorias competitivas que puedan existir, tanto regionales, nacionales como internacionales; y que durante los ejercicios analizados no se elaboró una memoria propia de la actividad investigadora, sino que la misma se integró en una memoria anual y general de toda la universidad.

El Tribunal de Cuentas advierte igualmente a la UC de que no cumple la disposición de la LOU (Ley Orgánica de Universidades) que exige sistemas que permitan alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en los órganos de representación, una situación que afecta tanto a los órganos electivos como en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad. "Es cierto, es algo en lo que estamos trabajando y poco a poco estamos reduciendo las diferencias. Las últimas composiciones de los órganos de gobierno, entre ellos el propio equipo rectoral –formado por seis hombres, incluido el rector Ángel Pazos, y tres mujeres–, evidencian que hay más paridad que antes y esa es la línea a seguir", explica Alonso.

Mientras, de la composición por género de su profesorado, el informe aprecia un sesgo a favor del género masculino en el PDI (Personal Docente e Investigador), superior a la media nacional, mientras que en el PAS (Personal de Administración y Servicios) existe una presencia "mayoritaria" de mujeres, aunque en este caso de idéntico porcentaje respecto del total estatal.

Control interno

En cuanto a la auditoría pública como modalidad de control interno, el informe avisa de que la contratación por parte de la UC de los servicios de auditoría a una empresa privada "no se realizó a instancias del órgano competente", el Consejo Social, "cuya intervención queda circunscrita a un momento posterior". Una decisión que, según el Tribunal de Cuentas, pone de manifiesto "la necesaria modificación legal" del Consejo Social, "en aras a que las importantes funciones atribuidas al mismo se residencie en un órgano con verdaderas capacidades técnicas que aglutine a componentes tanto de la vida académica como de participación de la sociedad en la universidad". Una aseveración que la institución académica niega en sus alegaciones, "ya que formaba parte de la Mesa de Contratación el Secretario General de la UC, que también lo es del Consejo Social".

El organismo también critica que la Universidad de Cantabria cuenta con una Unidad de Control Interno que depende "orgánica y funcionalmente de la gerencia", lo que supone "una debilidad al perder la independencia necesaria respecto del órgano gestor al que controla". "Es algo que está aprobado en los estatutos", replica el gerente.

Reflejo de su autonomía universitaria

En virtud de todo ello, el Tribunal de Cuentas concluye que la potestad organizativa de la UC, "reflejo" de su autonomía universitaria, "no ha desarrollado normativamente un control interno que satisfaga plenamente las características y exigencias que del mismo se reputan para la administración pública regional".

El informe no pone pegas a la presentación de las cuentas anuales de 2013 y 2014, porque reflejan, en sus aspectos significativos, "la imagen fiel" de la situación financiera y patrimonial de la Universidad. "No hemos tenido que cambiar ni un número", presume Alonso. Aunque también refleja, a continuación, la "falta de implantación en esos ejercicios de una contabilidad analítica", lo que provoca que, por ejemplo, los precios públicos "no se fijan en función del coste real de la prestación del servicio".

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