Un vehículo abandona el aparcamiento subterráneo de la Plaza de La Llama.

Torrelavega compensará a Siec con 400.000 euros por el parking de La Llama

torrelavega 12/01/2017 08:12 |0

El TSJC estima la demanda presentada por la empresa tras habilitarse plazas de aparcamiento gratuitas al lado de su negocio

Los servicios jurídicos municipales comienzan el año con un nuevo varapalo judicial y que va a suponer para las arcas públicas un desembolso de más de 400.000 euros. Esta vez las malas noticias para el Ayuntamiento de Torrelavega llegan desde el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuyo presidente, Rafael Losada, condena al Consistorio al pago de 405.893,532 euros en concepto de indemnización a la empresa Siec por la ruptura del equilibrio económico y financiero de la concesión del aparcamiento de La Llama.

La sentencia estima parcialmente la demanda interpuesta por la empresa adjudicataria del parking subterráneo reconociendo su derecho a ser indemnizada después de que se habilitaran plazas de aparcamiento gratuitas junto a este negocio y rechaza el acuerdo Plenario del Ayuntamiento del 24 de junio de 2014, desestimatorio de petición de compensación.

La sentencia reconoce la petición de indemnización «por la ruptura del equilibrio económico y financiero»

El litigio entre Siec y el Ayuntamiento se inició hace ya seis años cuando la empresa que explota el aparcamiento subterráneo de la Plaza de La Llama se agotó y decidió poner el asunto en manos de los tribunales. En diciembre de 2011, Siec denunció al Consistorio por haber creado plazas de aparcamiento gratuitas al otro lado de la calle, en el solar Compostizo, lo que a su juicio provocó que el negocio se resintiera. La adjudicataria del parking subterráneo, que paga un canon al Ayuntamiento de 75.000 euros anuales, recuerda que «se ha vio forzada» a acudir a los tribunales porque sus peticiones no fueron atendidas, ni por los anteriores equipos de gobierno. Desde la empresa consideran cree que la administración municipal puede habilitar este tipo de plazas gratuitas, pero que, «en ningún caso», en las proximidades de su parking. Además, asegura que en el pliego de cláusulas del contrato de explotación, se recoge claramente que el Ayuntamiento no podrá iniciar actividades tendentes a perjudicar a la empresa. Lo cierto es que las zonas de aparcamiento gratuitas han ido en aumento en los últimos años, y además de las 40 plazas que se habilitaron al otro lado de la calle, en los últimos meses se han abierto otros aparcamientos públicos en solares como el de la calle Novalina y La Carmencita.

Quebranto económico

La empresa esgrimía en su defensa que si los clientes tienen al lado un aparcamiento gratuito, es lógico que no entren en el parking subterráneo, lo que supone para Siec un quebranto económico y le impide recuperar la millonaria inversión realizada en su día. «Es una situación fuera de lugar porque nosotros pagamos al Ayuntamiento 75.000 euros anuales por explotar el aparcamiento, pero, paradójicamente, tenemos que soportar que la propia administración municipal deje aparcar gratis a nuestro lado. Si quieren hacer eso, que lo hagan, pero que a nosotros nos quiten el canon», asegura la adjudicataria.

La propia sentencia recoge que en el contrato firmado por ambas partes prevé expresamente que «la administración no ejecutará obras, ni otorgará autorizaciones o concesiones en el espacio urbano que impidan, restrinjan o perjudiquen el estacionamiento subterráneo o su explotación». En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que hay pruebas evidentes que demuestran que el Ayuntamiento creó plazas de aparcamiento disuasorios que iban rotando. Sin embargo, apunta que no coincide la cuantificación concreta de las plazas creadas ya que el número de estacionamientos variaba de un año a otro. La empresa invirtió seis millones de euros en 2005 en la construcción del aparcamiento que explota. Tiene una superficie de 14.500 metros cuadrados y dispone de 555 plazas en dos plantas, de las que 290 son de rotación –su explotación es por un periodo de cincuenta años–, y 265 para residentes.

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