El juez confirma la improcedencia de los despidos de la Feria de Muestras de Torrelavega

torrelavega 17/02/2017 19:11 |0

Rechaza el recurso del Ayuntamiento tras constatar la falta de notificación a la representante de los trabajadores de las cartas de despido y la "cesión ilegal" de los empleados

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la improcedencia del despido de los cuatro trabajadores de la Feria de Muestras. La sentencia de la sala desestima los recursos presentados por el Ayuntamiento de Torrelavega y la Feria de Muestras y considera la improcedencia por la falta de notificación de las cartas de despido a la representante de los trabajadores, a la vez que aprecia la "cesión ilegal" de estos empleados. De este modo, la Sala que preside Mercedes Sancha Saiz, considera hechos probados las irregularidades legales en la actuación municipal, aunque deja abierta a la Administración la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.

La sentencia igualmente confirma las indemnizaciones que ya han recibido tres de los cuatro trabajadores: Alejandro San José Junco (115.649 euros); Isabel Cruces Canive (97.892 euros); y Juan José Aparicio González (63.181 euros). En el caso de Rosa Terán González, esta trabajadora pudo elegir entre la indemnización o ser readmitida por el Ayuntamiento, eligiendo la readmisión e incorporándose a la plantilla de la biblioteca municipal.

El Ayuntamiento decidió recurrir la sentencia que le condenaba a readmitir a los cuatro trabajadores de la Feria de Muestras o indemnizarles con una cantidad que en total rondaba los 400.000 euros. Una sentencia en la que la magistrada del Juzgado de lo Social exponía las diferentes opciones que tenía la Administración local. La readmisión de los trabajadores, que fueron despedidos en diciembre de 2015; el abono de la indemnización correspondiente (más de 373.000 euros); o el recurso.

En la sentencia condenatoria se admitía el argumento de los trabajadores de que los despidos debieron tramitarse de forma individual y no con un procedimiento colectivo como se hizo. La juez consideraba igualmente que se produjo una cesión ilegal por parte del Ayuntamiento respecto de la empresa, ya que se trataba de empleados públicos municipales, por lo que deberían ser reintegrados a sus puestos tras el cierre de la Feria de Muestras. En el caso de una de las trabajadoras, que era delegada sindical, fue a ella a quien correspondió elegir entre la readmisión o la indemnización, de 96.484 euros.

La liquidación de la empresa motivó la rescisión de los cuatro contratos

Los cuatro trabajadores, con categoría de administrativos, venían prestando sus servicios profesionales a la Feria de Muestras de Torrelavega desde el año 1987, dos de ellos, y 1990 y 1994, los otros dos. En julio de 2015, la Junta General de la FMT acordó disolver esta sociedad municipal y abrir la fase de liquidación, por lo que en noviembre se comunicó a los trabajadores el despido colectivo por causas económicas, debido a las pérdidas que se venían registrando. También se les informó de que sus indemnizaciones oscilaban entre 31.100 y 29.100 euros.

Pérdidas

Antes en marzo de 2016, el Ayuntamiento liquidó la sociedad municipal encargada de la organización de las ferias comerciales. Atendiendo a lo establecido por la ley reguladora de las Bases de Régimen Local, se puso fin a la Feria de Muestras de Torrelavega S. L. por registrar pérdidas durante dos años consecutivos. Los cuatro trabajadores de la entidad denunciaron al Consistorio porque entendían que su despido era improcedente comenzando el litigio. El informe final de la liquidación indicaba que las pérdidas de la sociedad en el último ejercicio fueron de 211.201 euros. Frente a los 128.269 euros de los ingresos de explotación, cabe destacar los 305.645 euros de gastos de personal, repartidos entre los sueldos (130.160), las indemnizaciones por el despido por causas objetivas (133.929), la Seguridad Social (41.061) y otros gastos sociales (494 euros).

La plantilla, integrada por un jefe de ventas, un encargado de mantenimiento y dos administrativas, denunció al Ayuntamiento porque entiende que es el responsable subsidiario y debía readmitirlos.

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